El Consejo de Ministros ha aprobado hoy un Real Decreto-ley por el que se adoptan medidas urgentes de respuesta ante los daños causados por las inundaciones y otros sucesos acaecidos en diferentes municipios, incluyendo ayudas y medidas por valor de más de 7.000 millones de euros para paliar los efectos del temporal en municipios de Andalucía y Extremadura. El nuevo paquete de medidas, que se suma a la declaración de zonas afectadas por una emergencia de protección civil aprobada la semana pasada en Consejo de Ministros, contempla un conjunto de ayudas y medidas por las fuertes borrascas que han causado graves daños y el desalojo de más de 12.400 personas.
Las ayudas contempladas en el Real Decreto-ley se aplicarán en aquellos municipios que hayan sufrido desalojos y también en aquellos en atención a la magnitud de los daños provocados por la catástrofe o cuya situación financiera ponga en riesgo su capacidad para hacer frente a la reconstrucción. El Ministerio de Política Territorial determinará en el plazo de un mes las zonas o municipios afectados.
En cualquier caso, el Real Decreto-ley sí detalla los municipios y zonas afectadas que podrán acogerse a las ayudas agrarias. La norma recoge medidas propuestas por los ministerios de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes; Hacienda; Interior; Trabajo y Economía Social; Agricultura, Pesca y Alimentación; Política Territorial y Memoria Democrática; Transición Ecológica y Reto Demográfico; Vivienda y Agenda Urbana; Economía, Comercio y Empresa; Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030; e Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
Ayudas para las familias
La norma incluye una nueva ayuda específica de 150 euros por persona y día para los desalojados, con efecto retroactivo a contar desde el inicio de sus desalojos. A modo de ejemplo, un hogar de cuatro miembros que haya sido desalojado diez días percibirá 6.000 euros, y la compensación será compatible con otras ayudas, como por daños en vivienda.
El Real Decreto-ley cuadruplica el importe de las indemnizaciones que establece la ley para los afectados por fallecimiento, hasta 72.000 euros, e incapacidad, daños materiales en viviendas, enseres y elementos comunes de comunidades de vecinos, así como en establecimientos industriales, mercantiles o de servicio. En concreto, la indemnización por destrucción total de la vivienda se eleva de 15.120 euros a 60.480 euros y por daños en los enseres, de 2.580 euros a 10.320 euros. El Ejecutivo elimina los umbrales de renta para el acceso a ayuda
en el caso de daños o destrucción en las viviendas.Además, se habilita un mecanismo para solicitar de forma anticipada estas ayudas mediante la suscripción de una declaración responsable, lo que permite el abono del 50% hasta la tramitación completa de la solicitud. Todas estas ayudas, con efecto retroactivo, están exentas de tributación en el IRPF, al igual que el del impuesto de Sociedades para las empresas. Tampoco computarán las ayudas como ingresos a la hora de percibir el Ingreso Mínimo Vital.
Plan de ayudas a ayuntamientos con un fondo de 2.000 millones.
Se pone en marcha un plan de ayudas a corporaciones locales para que puedan llevar a cabo actuaciones inaplazables ante los daños del temporal. La novedad es que estas ayudas de emergencia podrán anticiparse al 100% de su valor para los ayuntamientos que lo soliciten. El Estado moviliza un fondo de 2.000 millones de euros en transferencias directas para dar cobertura en 2026 a las entidades locales y las necesidades financieras que se deriven de las actuaciones que deban realizar para paliar los efectos derivados de la catástrofe, para reconstrucción y reparación de infraestructuras municipales. También se flexibilizará la regla de gasto de ayuntamientos y comunidades autónomas para que los fondos vinculados a la reconstrucción no computen en el límite establecido y, además, se les permitirá usar su superávit de 2025. Otra ventaja para los ayuntamientos es la ampliación de los plazos legales para ejecutar obras de reconstrucción. A su vez, se impulsará un Plan de Empleo, dotado con 50 millones de euros, para que los ayuntamientos puedan reimpulsar la actividad económica y laboral en las zonas afectadas por la borrasca.
Medidas fiscales
También se aprobarán exenciones en IRPF y Sociedades de todas las ayudas, en el IBI a inmuebles rústicos, y en el Impuesto de Actividades Económicas (IAE) para las zonas afectadas. El impacto por estas medidas fiscales alcanza los 320 millones de euros. En el caso de que ya se hayan abonado, los contribuyentes podrán solicitar la devolución. Todas estas ayudas estarán exentas de tributación, tal y como ocurrió con las ayudas que el Estado concedió por la Dana en noviembre de 2024. Y serán compatibles entre sí, por lo que recibir una de
ellas no impedirá que se pueda percibir otra si se cumplen los requisitos.
